El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Transportes y Vivienda, y de las empresas públicas adscritas a ésta, Ferrocarriles de Gran Canaria y la Autoridad Única del Transporte, trabaja para que la Isla sea un lugar bien comunicado, en el que tanto los grancanarios como los miles de turistas que nos visitan cada año disfruten de opciones adecuadas y de calidad para sus desplazamientos por la geografía insular.
Ello implica necesariamente el estudio, riguroso y exhaustivo, de todos los proyectos que, creemos, pueden contribuir a la mejora de la conectividad interior.
El tren es uno de esos proyectos. Pero, más allá de sus ventajas, su impacto socioeconómico y medioambiental (tanto si triunfa como si fracasa, será determinante para el futuro de la Isla) exige un ejercicio de responsabilidad por parte de las autoridades insulares.
En los tiempos que corren, no podemos ni debemos afrontar una inversión como esa sin valorar adecuadamente las repercusiones que tendrá su implantación.
En ese sentido, no es el medio (nunca mejor dicho) lo que nos frena; es la prudencia la que nos mueve. Es nuestra obligación velar por los intereses de Gran Canaria y de los grancanarios, y es por ello que no debemos avanzar, en este y otros campos, sin estar plenamente convencidos de que los nuevos pasos vayan en la dirección adecuada.
Nuestro compromiso, el compromiso del Cabildo y de sus empresas, es firme y con todos, y lo seguirá siendo en todas las fases de este proyecto que es el Tren Insular –aún en estudio- y, en general, en todos aquellos que sean de interés general.
Por eso, haremos del consenso y la cooperación nuestra bandera, siendo esencial para nosotros lo que tengan que decir técnicos y opinión pública; empresarios y profesionales de los sectores afectados.
María del Carmen Rosario Godoy
Consejera de Transportes y Vivienda
El Cabildo de Gran Canaria acaba de aprobar provisionalmente el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental (EIA) de la línea ferroviaria Las Palmas de Gran Canaria-Maspalomas, informó, este viernes, en rueda de prensa, su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, junto a la consejera responsable del proyecto, la titular de Transportes y Vivienda, María del Carmen Rosario. Tras justificar la Corporación en tiempo y forma todos los gastos de estudio realizados hasta la fecha, el proyecto sigue su curso, quedando supeditado a la recepción de los fondos necesarios (1.565 millones de euros) para su construcción.
Así, tanto el anteproyecto como el estudio de impacto ambiental se someterán, en breve (tras la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias y de un edicto en el tablón de anuncios de las entidades municipales afectadas: ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Mogán) y por un plazo de 30 días, a un período de información pública. Durante ese período, el expediente podrá ser examinado por las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones.
